¿Nuestra huelga es política? ¿Y vuestros recortes no?

Antonio Pérez Collado, Confederació General del Treball del País Valencià i Murcia

Aunque hoy día existen muy diferentes arquetipos de lo que es la democracia, en nuestro subconsciente se encuentra almacenada la idea de que democracia es igual a gobierno de pueblo. A renglón seguido nos viene a la memoria la imagen de una plaza de la antigua Grecia donde los ciudadanos con derecho a participar debatían sobre los asuntos de la polis; pero no todo el mundo tenía derecho a concurrir, lo que confirmaría que la democracia ya nació con algunas limitaciones. Desde aquel imperfecto modelo de dēmokratía han pasado ya unos veinticinco siglos, pero el modelo de esa democracia directa -un tanto idealizado por los cronistas- sigue iluminando nuestras esperanzas de un gobierno que acate y aplique las demandas del pueblo.

Tras algunas revoluciones triunfantes y muchas tiranías derribadas es la democracia representativa, el parlamentarismo, el sistema hoy aplicado en la mayoría del planeta -salvo algunas vergonzosas y excepciones- aunque los pueblos siguen mostrando su rechazo a las injusticias que tolera o incluso legisla ese poder delegado. Dicho malestar muy de vez en cuando cristaliza en explosiones de indignación y ganas de cambiar radicalmente el estatu quo. En esas situaciones es cuando, de nuevo, las plazas adquieren su condición de punto de encuentro, de espacio para el debate y la organización horizontal.

Por eso, y aunque la represión y las traiciones han frenado los sueños colectivos de las miles de personas que participaron en estas acampadas y asambleas, las inquietudes sociales ninguneadas por los políticos profesionales en sus parlamentos no han sido aniquiladas y, cuando nadie lo espera, vuelven a brotar, a manifestarse con renovadas esperanzas. Así es como nos hemos vuelto a despertar este otoño con nuevas acampadas en Madrid y otras ciudades. En esta ocasión el detonante ha sido la carestía de los alquileres, que también se puede explicar como la precariedad del empleo y los bajos salarios. Una crisis de la vivienda que el Parlamento no ha sabido ni probablemente querido abordar, porque solución tenía habiendo disfrutado nuestro país de ocho años de un gobierno progresista que nunca iba a deja a nadie atrás.

El desahucio de Maricarmen y la gran manifestación por la vivienda del 26 de septiembre supuso el punto álgido de la lucha por la vivienda. No solo fue el principio de la acampada en Sol, sino que en ella arrancó con un grito unánime la declaración de huelga general. Fijar la fecha y sumar a sindicatos -incluso a los que llevaban 14 años sin promover una-, a movimientos sociales, asociaciones de vecinos, al mundo universitario, grupos feministas, etc. ha sido el resultado de ese clamor popular.

Nada más anunciarse la huelga general del 11N la patronal, por boca de su presidente Antonio Garamendi, se apresuró a dudar de la legalidad del paro de 24 horas. Para la CEOE, tan poco pendiente de la legalidad en otros casos, se trataría de una huelga política que no tiene cabida en nuestras ordenamiento jurídico.

Frente a esta posición del portavoz del empresariado español hay que recordar que no será esta la primera huelga que comparte motivos laborales y sociales (las ha habido con demandas feministas, contra el genocidio de Gaza o exigiendo responsabilidades por la Dana en Valencia) siendo plenamente legales.

Por otro lado, que no tenga duda don Antonio de que lo que el hace y dice, las estrategias de la CEOE, su defensa de las privatizaciones y recortes, la fragilidad de la contratación, la congelación de los salarios, los diez millones de horas extras anuales que no se pagan, etc. también son política y no por ello se consideran ilegales los espléndidos beneficios del capital ni los 403.000 euros anuales de sueldo del propio señor Garamendi.