Culpables de todo, incluso de estar enfermos

Antonio Pérez Collado, Confederación General del Trabajo País Valencià i Murcia

Sin duda ha de haber alguien aconsejando a Alberto Núñez Feijóo sobre los contenidos de sus anuncios y declaraciones, pero a tenor de lo grotesco en que se acaban convirtiendo los jardines donde se mete el líder del PP esos asesores parece como si se los hubieran puesto sus más encarnizados rivales políticos, que igual no están todos en las bancadas contrarias.

Después de años sin presentar propuestas coherentes en el Congreso de los Diputados, limitándose a atacar a Pedro Sánchez por cualquier circunstancia y a exigir, un día sí y al otro también, la dimisión del gobierno socialista (progresista, según su propia definición) el más que probable candidato de la derecha a gobernar desde el palacio de la Moncloa ha pasado de repente a lanzar propuestas sin otro objetivo que ocupar cabeceras en los medios durante algún tiempo.

Así lo ha hecho al apropiarse de una ocurrencia de su correligionaria Isabel Díaz Ayuso para la Comunidad de Madrid sobre derechos de los concebidos y no nacidos, merced a la cual se propone Feijóo generalizar ayudas a las familias desde el principio del embarazo; loable intención si no se simultaneara con el recorte de derechos y apoyos a los ya nacidos: cierres de áreas y privatizaciones en sanidad y educación, cesión de vivienda pública a fondos buitres, abandono de los mayores acogidos en residencias públicas durante la COVID-19, etc.

Cuando aún no nos habíamos repuesto de esa repentina ofensiva programática del n.º 1 del PP nos han vuelto a sorprender con otra disparatada campaña. Ahora se trata de atacar a los trabajadores y trabajadoras que tienen la mala suerte de caer enfermos mientras se desmonta el sistema público de salud. Utilizando los datos publicados recientemente sobre ausencias al trabajo en la UE (una media europea del 2,5% y en España el 4,1%) desde la patronal y la derecha más cerril se ha vuelto a mezclar churras con merinas en un intento de culpabilizar a las plantillas; nunca a las empresas o la administración.

Entrando en tan poco inocente ofensiva habría que aclarar antes de nada que el uso del término absentismo, aplicado en general a todo tipo de ausencia al lugar de trabajo, implica una intencionalidad manifiesta de confundir los datos y culpabilizar en todos los casos al trabajador de esas faltas, cuando en la inmensa mayoría de los casos estarían justificadas porque se deben a permisos individuales y bajas por enfermedad amparados en leyes y convenios.

Como absentismo solo deberían contabilizarse las jornadas de trabajo no realizadas por un empleado por voluntad propia y sin ninguna justificación; algo que está duramente castigado en el Estatuto del Trabajador y que puede acabar en sanción o despido en caso de reiteración. Como cualquiera puede comprobar al ver tantas veces el Congreso y el Senado casi vacíos (salvo que haya que votar o sea una sesión como mucha prensa asistente) el absentismo se da más y está menos perseguido entre la casta política que entre la clase trabajadora.

En cuanto a la falsedad de la afirmación de Feijóo de que los trabajadores cobran lo mismo trabajando que estando de baja, dicha mentira se desmorona ella sola si recordamos lo que dice la legislación actual al respecto. Como norma general los 3 primero días de la baja no son retribuidos; del 4º al 20º día se cobra el 60% de la base reguladora y a partir del día 21º se percibe el 75%; eso en bajas por enfermedad (que son autorizadas y revisadas por el médico) en caso de baja por accidente de trabajo se cobra el 75% desde el primer día (en este supuesto son las Mutuas las que autorizan y pagan las bajas).

Si bien es cierto que luego en los convenios estos porcentajes se suelen complementar (no en todos los sectores y empresas) hasta elevarlos al 80%, al 90%… Aunque los supuestos en que se cobra el 100% desde el primer día no son muy frecuentes.

Cargar contra los trabajadores porque se incrementa el número y la duración de las bajas laborales es una estrategia poco imaginativa para mejorar las condiciones ambientales, la seguridad en el trabajo y los aspectos ergonómicos dentro de la empresa. En ese sentido resulta muy esclarecedor ver que ni CEOE ni PP tienen nada que decir sobre los tres millones de horas extras trabajadas y no pagadas cada año, sobre los 620.000 accidentes de trabajo en 2025 (735 de ellos mortales) o frente la probabilidad de que el retraso de la jubilación de los 65 a los 67 años aumente el riesgo de sufrir accidentes y padecer enfermedades.

Pero claro, ¿qué pueden saber de la vida laboral y sus duras condiciones quienes nunca se han visto sometidos a la necesidad de trabajar para ganarse la vida?